Creen que las obras culminarían «la historia de destrucción que caracteriza La Manga» La Verdad
Las organizaciones ecologistas ANSE y Greenpeace en la Región anunciaron ayer, a través de un comunicado de prensa, que recurrirán el auto que permite levantar la suspensión de parte de las obras de Puerto Mayor en La Manga, realizada a instancias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia.
Ambas organizaciones denunciaron públicamente que, de llevarse a término, la construcción de Puerto Mayor será «la culminación de la historia de destrucción que ha caracterizado a La Manga, el mar Menor y su entorno durante varias décadas», así como que supondrá «un enorme paso atrás en las políticas de conservación del patrimonio público costero a favor de su privatización y destrucción».
Tras la acción de protesta en enero de 2005 en la que las dos ONG paralizaron las obras del puerto, ANSE y Greenpeace interpusieron un recurso contencioso administrativo contra este proyecto, que se tramita de forma paralela al interpuesto por el Gobierno del Estado, ya que el TSJ de Murcia tomó la decisión de que no se unieran.
El auto que recomienda la reanudación de las obras corresponde al contencioso interpuesto por el Ministerio de Medio Ambiente, que sostiene que la paralización debe afectar a todas las obras de Puerto Mayor.
No obstante, Greenpeace y ANSE aprovecharán dicho recurso para intentar evitar la ejecución del acuerdo de levantamiento de la suspensión parcial, al considerar que el informe pericial resulta «sesgado y no tiene en cuenta los efectos ambientales ni la destrucción del litoral, además de extralimitarse en recomendar la continuación de las obras».
«Interés privado»
Los responsables de ANSE y Greenpeace consideraron que la autorización de la continuación de las obras «hace prevalecer el interés privado de la empresa concesionaria del puerto al interés público de conservar los aproximadamente 700 metros de playa y los últimos arenales de la zona norte de La Manga aún sin urbanizar».
Además, añadieron, «este levantamiento permitiría de hecho la construcción de la casi totalidad del puerto, cuya legalidad está pendiente de resolución definitiva».
Igualmente, las organizaciones lamentaron que en una situación como la actual, caracterizada por la crisis económica y la inestabilidad, «la conservación de los últimos recursos naturales costeros disponibles en lugares tan presionados como el mar Menor, siga sin ser una prioridad».
A su juicio, «aumentar indefinidamente el número de embarcaciones y puertos sólo contribuirá a aumentar la presión y la degradación de este entorno único en la costa mediterránea española, y la inestabilidad del mismo modelo económico».
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