El abogado del Estado, Juan Ramón Calero, apunta que se actúa sobre una zona de dominio público02.11.09 -
MANUEL BUITRAGO MURCIA / La Verdad
Las obras que va a permitir el Tribunal Superior de Justicia en Puerto Mayor no son las indispensables para conservar la parte ya construida y evitar su deterioro, sino que abarca la práctica totalidad de la nueva dársena deportiva. Es el razonamiento del abogado del Estado, Juan Ramón Calero, que va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para impedir a toda costa que se reanude la construcción de este puerto junto al canal del Estacio de La Manga.
Han pasado cuatro años y medio desde el primer auto de suspensión parcial del proyecto y aún no se han podido poner en marcha las medidas cautelares debido a las sucesivos recursos ordenados por el Ministerio de Medio Ambiente, que pretende en última instancia que el Gobierno regional retire la autorización para esta dársena de 900 puntos de amarre. Este litigio se desarrolla al margen de la denuncia por presunta prevaricación contra dos ex altos cargos regionales que autorizaron dichas obras, que promueve Tomás Maestre.
La Abogacía del Estado no está conforme con el último auto del TSJ que permite reanudar parte de las obras porque lo considera contrario a derecho y «perjudica gravemente los intereses generales de conservación del medio ambiente litoral y su uso público». Sostiene que el permiso va más allá de lo que se considera indispensable para conservar lo construido hasta la fecha y cree que se da luz verde a la ejecución de la totalidad de las obras del puerto. Cree el abogado del Estado que el TSJ debería haber dictado otro auto que revocara o modificara el primero.
Ganar terreno al mar
Apunta que el auto del TSJ «ha infringido varias normas del Derecho estatal», puesto que se autorizan trabajos dentro de la zona de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal, lo cual no encaja además con las directrices del primer auto de junio del 2005. Añade que se posibilita ejecutar obras no contempladas en la concesión originaria y que corresponden a modificaciones posteriores. A partir de ahí, Juan Ramón Calero sostiene que fue el propio TSJ quien obligó a que se respetara la normativa regional, estatal y comunitaria a las obras nuevas no previstas en el diseño inicial. Dicha normativa no existía en muchos casos cuando se autorizó la concesión, en el año 1975. Para construir el puerto deportivo hay que ganarle terreno al mar mediante el relleno de 350.000 metros cuadrados.
Por último, indica que si el TSJ permite continuar las obras, a expensas de una sentencia posterior, no tendría sentido la acción del Estado y el proceso quedaría «sin finalidad legítima». Explica que según el informe del perito José Luis Monsó de Prat, «se aprecia que pueden continuar todas las obras salvo el dique de cerramiento y explanada de la nueva bocana junto al canal del Estacio».
Han pasado cuatro años y medio desde el primer auto de suspensión parcial del proyecto y aún no se han podido poner en marcha las medidas cautelares debido a las sucesivos recursos ordenados por el Ministerio de Medio Ambiente, que pretende en última instancia que el Gobierno regional retire la autorización para esta dársena de 900 puntos de amarre. Este litigio se desarrolla al margen de la denuncia por presunta prevaricación contra dos ex altos cargos regionales que autorizaron dichas obras, que promueve Tomás Maestre.
La Abogacía del Estado no está conforme con el último auto del TSJ que permite reanudar parte de las obras porque lo considera contrario a derecho y «perjudica gravemente los intereses generales de conservación del medio ambiente litoral y su uso público». Sostiene que el permiso va más allá de lo que se considera indispensable para conservar lo construido hasta la fecha y cree que se da luz verde a la ejecución de la totalidad de las obras del puerto. Cree el abogado del Estado que el TSJ debería haber dictado otro auto que revocara o modificara el primero.
Ganar terreno al mar
Apunta que el auto del TSJ «ha infringido varias normas del Derecho estatal», puesto que se autorizan trabajos dentro de la zona de dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal, lo cual no encaja además con las directrices del primer auto de junio del 2005. Añade que se posibilita ejecutar obras no contempladas en la concesión originaria y que corresponden a modificaciones posteriores. A partir de ahí, Juan Ramón Calero sostiene que fue el propio TSJ quien obligó a que se respetara la normativa regional, estatal y comunitaria a las obras nuevas no previstas en el diseño inicial. Dicha normativa no existía en muchos casos cuando se autorizó la concesión, en el año 1975. Para construir el puerto deportivo hay que ganarle terreno al mar mediante el relleno de 350.000 metros cuadrados.
Por último, indica que si el TSJ permite continuar las obras, a expensas de una sentencia posterior, no tendría sentido la acción del Estado y el proceso quedaría «sin finalidad legítima». Explica que según el informe del perito José Luis Monsó de Prat, «se aprecia que pueden continuar todas las obras salvo el dique de cerramiento y explanada de la nueva bocana junto al canal del Estacio».
No hay comentarios:
Publicar un comentario