El consejero contestará «punto por punto» a la UE», aunque se extraña de que actúe cinco años después
14.07.09 -
M. BUITRAGO MURCIA/ La Verdad
14.07.09 -
M. BUITRAGO MURCIA/ La Verdad
Si se quiere proteger el Mar Menor, cuantas menos embarcaciones entren en la laguna, mejor. Es el planteamiento que hace el consejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, Antonio Cerdá, ante la polémica que ha desatado la denuncia de la Comisión Europea por las obras de Puerto Mayor. Las autoridades comunitarias, y en concreto el comisario Stavros Dimas, han abierto un expediente contra España por una posible infracción de dos directivas comunitarias sobre medio ambiente que han sido incumplidas en cuatro ocasiones. Puerto Mayor, en La Manga, prevé construir casi mil puntos de amarre junto al Canal del Estacio, que comunica el Mediterráneo con la laguna.
Cerdá manifestó ayer que su departamento va a dar «cumplida cuenta, punto por punto» de la información requerida por la Comisión Europea. «No entramos ni salimos en esa cuestión. Nos limitaremos a contestar», dijo. Al consejero le ha llamado la atención que la Unión Europea «pida esta información cinco años después» de que Ecologistas en Acción presentara la queja. Se mostró también cauteloso por el proceso judicial que se sigue en paralelo en el Tribunal Superior de Justicia, favorable a que continúe una parte de las obras del puerto deportivo, dentro de las medidas cautelares dictadas mientras se pronuncia sobre el fondo del asunto. Fuentes consultadas han señalado que la carta de emplazamiento de la CE no va interferir en el proceso judicial.
Antonio Cerdá declaró que Puerto Mayor «no es un proyecto de este Gobierno regional», en referencia a los años de mandato del PP. «Fue aprobado por el Gobierno central en el año 1975. Después, en 1988, la Administración regional socialista le dio el visto bueno a las obras». «Si queremos proteger el Mar Menor, lo mejor es evitar que las embarcaciones no entren en la laguna», explicó el titular de Medio Ambiente, dando a entender que apoya este proyecto, cuya ejecución ya está muy avanzada.
Cerdá no es el único que opina así, ya que en el seno del Gobierno murciano predomina la idea de dejar que se termine de construir la dársena deportiva y de prohibir las 2.000 viviendas que pretende el promotor Tomás Maestre.
El consejero admitió que el proyecto se relanzó en el año 2003, bajo la administración del Partido Popular, que aprobó los estudios de impacto ambiental sobre un proyecto que había sufrido varias reformas. «Eso está en suspenso ahora por el Tribunal Superior de Justicia. Vamos a esperar a que se pronuncie», señaló.
Cerdá manifestó ayer que su departamento va a dar «cumplida cuenta, punto por punto» de la información requerida por la Comisión Europea. «No entramos ni salimos en esa cuestión. Nos limitaremos a contestar», dijo. Al consejero le ha llamado la atención que la Unión Europea «pida esta información cinco años después» de que Ecologistas en Acción presentara la queja. Se mostró también cauteloso por el proceso judicial que se sigue en paralelo en el Tribunal Superior de Justicia, favorable a que continúe una parte de las obras del puerto deportivo, dentro de las medidas cautelares dictadas mientras se pronuncia sobre el fondo del asunto. Fuentes consultadas han señalado que la carta de emplazamiento de la CE no va interferir en el proceso judicial.
Antonio Cerdá declaró que Puerto Mayor «no es un proyecto de este Gobierno regional», en referencia a los años de mandato del PP. «Fue aprobado por el Gobierno central en el año 1975. Después, en 1988, la Administración regional socialista le dio el visto bueno a las obras». «Si queremos proteger el Mar Menor, lo mejor es evitar que las embarcaciones no entren en la laguna», explicó el titular de Medio Ambiente, dando a entender que apoya este proyecto, cuya ejecución ya está muy avanzada.
Cerdá no es el único que opina así, ya que en el seno del Gobierno murciano predomina la idea de dejar que se termine de construir la dársena deportiva y de prohibir las 2.000 viviendas que pretende el promotor Tomás Maestre.
El consejero admitió que el proyecto se relanzó en el año 2003, bajo la administración del Partido Popular, que aprobó los estudios de impacto ambiental sobre un proyecto que había sufrido varias reformas. «Eso está en suspenso ahora por el Tribunal Superior de Justicia. Vamos a esperar a que se pronuncie», señaló.
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