Alexia Salas/ San javier/ La VerdadLa construcción de los accesos al hospital comarcal no sale de la maraña en la que comenzó. El Pleno frenó ayer la propuesta del equipo de Gobierno socialista de iniciar la expropiación de los 20.791 metros cuadrados necesarios para crear las vías de acceso al centro hospitalario, actualmente en obras. Este revés tiene, para el equipo de Gobierno, «como principal y grave consecuencia que no se pueda garantizar que la nueva infraestructura sanitaria tenga un acceso digno, más allá de la actual carretera existente, una vez finalizas las obras».
De hecho, la Comunidad Autónoma ha fijado para el próximo año la apertura y puesta en funcionamiento del nuevo hospital, de ahí la urgencia de construir los accesos. Al Ayuntamiento le urge sacar adelante el proyecto, además de las prisas que le impone Giscarmsa, la entidad pública que lo construye, porque financiará las obras con parte de los fondos de ayuda estatal, que obligan a realizar la obra dentro de este mismo año.
«Para los grupos de oposición, popular e independiente, parecen primar los intereses particulares de unos pocos sobre el interés general y una comarca», afirman en el Equipo de Gobierno. Según el edil de Urbanismo, Pedro Muñoz, «entiendo que los propietarios quieran ejercer sus derechos, pero hemos intentado acuerdos e incluso les ofrecí a cambio aprovechamiento urbanístico en la zona junto al polideportivo, que es la que tiene expectativas más próximas a declararse urbana, pero no quieren».
Reconoce que, entre los 8 propietarios afectados «hay motivaciones sentimentales y para alguno es su medio de vida, pero también en otros hay motivaciones políticas, y nuestra responsabilidad es defender los intereses comunes, porque no se trata de dinero mío, sino público, y lo que se va a hacer es un hospital». Asegura que el precio fijado de 8 euros por metro cuadrado «es el que se ha pagado a los afectados por la autopista San Javier-Zeneta».
Muñoz destaca que «el Pleno ahora nos pide negociar de nuevo con personas que no están dispuestas a acuerdo y a las que legalmente no podemos ofrecerles más». Aún así, se propone renegociar con los propietarios para evitar las pérdidas que ocasionaría la imposibilidad de hacer los accesos. «La Comunidad Autónoma amenaza con reclamar el coste de la infraestructura, unos 80 millones de euros, si el Ayuntamiento incumple», señala el edil. Reconocer que «plantar un hospital en medio de un campo de lechugas es un error», en referencia a la elección de la parcela que hizo el anterior equipo de Gobierno.
Para la portavoz independiente, Arancha Espeso, «no han agotado las vías de negociación y debemos sentarnos a negociar todos». Uno de los afectados, Francisco Jareño, cree que «el precio de 8 euros por metro cuadrado es ridículo» y defiende que «deberían pagarnos además por lo que tenemos en superficie, que el juez dictamine quién tiene la razón».
De hecho, la Comunidad Autónoma ha fijado para el próximo año la apertura y puesta en funcionamiento del nuevo hospital, de ahí la urgencia de construir los accesos. Al Ayuntamiento le urge sacar adelante el proyecto, además de las prisas que le impone Giscarmsa, la entidad pública que lo construye, porque financiará las obras con parte de los fondos de ayuda estatal, que obligan a realizar la obra dentro de este mismo año.
«Para los grupos de oposición, popular e independiente, parecen primar los intereses particulares de unos pocos sobre el interés general y una comarca», afirman en el Equipo de Gobierno. Según el edil de Urbanismo, Pedro Muñoz, «entiendo que los propietarios quieran ejercer sus derechos, pero hemos intentado acuerdos e incluso les ofrecí a cambio aprovechamiento urbanístico en la zona junto al polideportivo, que es la que tiene expectativas más próximas a declararse urbana, pero no quieren».
Reconoce que, entre los 8 propietarios afectados «hay motivaciones sentimentales y para alguno es su medio de vida, pero también en otros hay motivaciones políticas, y nuestra responsabilidad es defender los intereses comunes, porque no se trata de dinero mío, sino público, y lo que se va a hacer es un hospital». Asegura que el precio fijado de 8 euros por metro cuadrado «es el que se ha pagado a los afectados por la autopista San Javier-Zeneta».
Muñoz destaca que «el Pleno ahora nos pide negociar de nuevo con personas que no están dispuestas a acuerdo y a las que legalmente no podemos ofrecerles más». Aún así, se propone renegociar con los propietarios para evitar las pérdidas que ocasionaría la imposibilidad de hacer los accesos. «La Comunidad Autónoma amenaza con reclamar el coste de la infraestructura, unos 80 millones de euros, si el Ayuntamiento incumple», señala el edil. Reconocer que «plantar un hospital en medio de un campo de lechugas es un error», en referencia a la elección de la parcela que hizo el anterior equipo de Gobierno.
Para la portavoz independiente, Arancha Espeso, «no han agotado las vías de negociación y debemos sentarnos a negociar todos». Uno de los afectados, Francisco Jareño, cree que «el precio de 8 euros por metro cuadrado es ridículo» y defiende que «deberían pagarnos además por lo que tenemos en superficie, que el juez dictamine quién tiene la razón».
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